CITACIÓN AL PUEBLO

El pensamiento demócrata cristiano propone la organización de la sociedad política en una “comunidad de comunidades”, es decir, la construcción de una institucionalidad donde la participación activa y permanente de las personas se expresa en forma estable a través de diversos mecanismos.
Para la Democracia Cristiana – el humanismo cristiano – resulta fundamental que en el sistema político haya expresión del pueblo, aportando en el proceso de reflexión y en la toma de las decisiones más fundamentales.
Por ello un demócrata cristiano debe reflexionar constantemente acerca de cómo mejorar la participación del pueblo en la política, buscando mecanismos para hacer más democrático el sistema institucional e impulsando las modificaciones que sean necesarias para tal objetivo.
Las formas más tradicionales que ha propuesto la visión humanista cristiana son la organización popular en pequeñas comunidades, el fortalecimiento de los municipios con instancias de participación, el apoyo a las organizaciones de base en todas las áreas del quehacer social, la participación electoral, los sistemas representativos y proporcionales de elección de las autoridades, la revocación popular de los mandatos, la iniciativa popular de ley y, para la resolución de conflictos, el plebiscito.
Cuando escucho y leo las declaraciones del Presidente de la Democracia Cristiana refiriéndose a que él prefiere la “democracia de instituciones” y equipara los mecanismos participativos al populismo o las dictaduras, no sólo revela ignorancia, sino que deja de manifiesto su posición conservadora, su adhesión al régimen creado por el pinochetismo y su radical alejamiento del pensamiento y la doctrina del partido que preside, ya evidente cuando se declara partidario del capitalismo.
El pueblo debe ser citado a dirimir conflictos y para que eso sea posible debe generarse una reforma constitucional. Pero, dadas las actuales condiciones de debilidad democrática y la real crisis de representatividad, es necesario ser audaz y resuelto, actuando con la conciencia de que estamos frente a un delicado pie de la política. Si continuamos con millones de jóvenes (y no tan jóvenes también) fuera del sistema electoral, con políticos constituidos en “clase” administrando espacios restringidos y acumulando el poder, podremos vivir una situación gravísima de ruptura democrática y eso sí abrirá espacios al populismo o las dictaduras.
Se me ocurre proponer que se tomen medidas inmediatas de reformar algunos aspectos de la actual Constitución y que paralelamente a ello se convoque a una asamblea constituyente con amplia participación popular. Pero, como tal evento debe ser de los ciudadanos, deberá hacerse una masiva campaña de inscripción electoral, mientras se inicia el proceso de discusión a todo nivel. Un llamamiento urgente para que en las bases sociales, las organizaciones funcionales y territoriales, las juntas de vecinos y los sindicatos, se inicie una discusión sobre propuestas constitucionales, que después serán recogidas por los asambleístas que sea elegidos (y que por cierto no representarán a los partidos), discutidas junto con las demás que surjan para dar forma a una nueva institucionalidad.
Nada de esto es breve ni fácil, pero aun la marcha más larga se inicia con el primer paso.
Espero que la Democracia Cristiana sea fiel a su doctrina fundamental y no se deje arrastrar por las lamentables conductas de su presidente. De lo contrario, tendrá tiempo de lamentarse de no haber hecho por Chile lo que su pueblo le pide.

PREOCUPADO

Miro con cierta inquietud lo que está sucediendo. Porque cuando lo que ahora es la Concertación decidió apoyar el camino trazado por Guzmán y Pinochet (el plebiscito) para la implantación de lo que he llamado “democracia aparente”, anunciamos con temor que para estos años (2010 dijimos) se produciría un agudo conflicto de participación que pondría en crisis el sistema político. El temor era – y sigue siendo – que al no existir espacios democráticos en el sistema, hubiera grupos cada vez más amplios que trabajaran fuera de él. El modelo impulsaba a eso, siguiendo tal vez los ejemplos de Estados Unidos o Colombia, países con muy baja participación electoral, pero que logran mantenerse estables a favor de una minoría que se autorreproduce, con alto control por la vía ideológica y los aparatos policiales y militares, abiertos o encubiertos.
Con más de tres millones de personas que pudiendo inscribirse en los registros electorales y no lo hacen, el ejercicio democrático de elegir autoridades se va reduciendo proporcionalmente de modo alarmante. Es claro que parte del objetivo de los creadores del sistema constitucional era desincentivar la inscripción electoral, como parte de la estrategia de mantención y vigencia (estabilidad le llamaron), aunque ello restara representatividad a quienes el pueblo, una parte del pueblo ciertamente, elige.
Los estudiantes han iniciado un proceso de exigencias a la autoridad que se expresa desde fuera de la institucionalidad y aunque hay gestos de reconocimiento a las estructuras, las demandas exceden de lo meramente estudiantil, pues están canalizando el descontento de amplios sectores de la sociedad respecto de la realidad que se vive en el país. Cuando una encuesta reconocida revela un apoyo de una cuarta parte de los consultados al Presidente elegido por la mitad de los electores, está dando un dato gravísimo: la falta de credibilidad del jefe del Estado y del Gobierno a poco más de un año después de haber sido elegido, tanto que ni sus partidarios se mantienen a su lado. El descontento, el desagrado, la indignación de muchos frente a las injusticias, la desigualdad, los problemas objetivos, las dificultades económicas, la falta de expectativas, el “desorden establecido” en definitiva, nos ponen frente a una realidad en la cual las salidas no pueden ser las respuestas que da el gobierno. Eso queda en evidencia cuando el rechazo de los peticionarios al documento del ministro de educación es rechazado de plano y casi de inmediato, fundándolo unos en su generalización y otros en su detallismo.
Quiero decir que el verdadero objetivo y los reales fundamentos de la agitación que se vive no tienen que ver solamente con los temas vinculados a la educación, sino con la necesidad de protestar por tantos años de frustraciones y por la existencia de un régimen institucional que no da espacios a verdaderos ejercicios democráticos. No hay participación y toda la legislación, la nacida antes y después del 90, fortalece al autoritarismo, el centralismo, el poder unipersonal del presidente o de los alcaldes y cada vez el grupo de dirigentes políticos se empequeñece, se cierra sobre sí mismo, se envejece, se anquilosa. No hay voluntad en el mundo político dominante para cambiar la Constitución y abrir paso a una democracia más sólida y participativa.
Entonces la demanda que parte con los pases escolares termina en petición de Asamblea Constituyente y plebiscito. ¿Será esa la solución? Podría ser, pero para que el sistema que nazca de esos mecanismos tenga real validez y no sea sólo una parodia de democracia, esos tres millones de automarginados deben inscribirse en los registros electorales y participar activamente.
De lo contrario seguiremos gobernados por las mismas minorías, los iluminados de siempre, los que creen que tienen derecho a seguir manejando los asuntos de la sociedad. Y la democracia, hoy débil, terminará disuelta.